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Nieves Moreno Gallardo

LA REINA DE CORAZONES EN EL PAÍS DE LA VIOLENCIA DE GENERO

18/08/2010 

Las obras de Lewis Carroll están llenas de enseñanzas de vigencia intemporal. Así, Alicia en el País de las Maravillas no es un simple cuento infantil para ejercitar la fantasía de los niños. Se trata, en realidad, de un trabajo literario y filosófico para adultos, que contiene elementos jurídicos de gran calado. Ya al final de la historia, se relata un juicio absurdo por el delito, también absurdo, de pintar de rojo unas rosas. Tras leer la acusación, la Reina de Corazones pregunta a Alicia: "Y ahora que… ¿estás lista para oír la condena?", a lo que la niña responde: "¿Condena?, pero si todavía no me han juzgado"; la Reina, enrojecida de ira, le espeta: ¡La condena es primero! El juicio vendrá después.
Primero la condena y luego el juicio, no es algo exclusivo del mundo de Alicia. Es la solución que plantean algunos responsables políticos para acabar con la mal llamada (con notorio error semántico) "violencia de género". Ha sido a propósito de un desgraciado suceso: la muerte de una mujer, golpeada brutalmente con una azada por su compañero sentimental, en una vía pública de la localidad granadina de Pinos Puente. La clase política gobernante no ha dudado un solo segundo en poner en la picota al juez que, días antes, en un juicio por amenazas, absolvió al que más tarde acabaría con la vida de su ex pareja. El mensaje que, subliminal y subrepticiamente, se traslada a los ciudadanos es demoledor para el sistema a la par que falso: las mujeres mueren porque los jueces no las protegen, no las creen, no condenan al agresor.
La solución mágica para que esto no vuelva a suceder la ha dado el delegado del gobierno para la "violencia de género": nunca hay que dudar del testimonio de las mujeres que denuncian malos tratos. Es decir, se sugiere un modelo de proceso reaccionario, sin garantías, en el que estas denuncias, por más que puedan ser de dudosa credibilidad o ayunas de pruebas complementarias, den lugar automáticamente a la condena. Ya no sería necesario un engorroso juicio, con igualdad de armas, pruebas y debates. Todo varón denunciado por maltrato sería irremisiblemente condenado. Bastaría para ello que los jueces olvidasen por un momento algo tan rancio y desprestigiado como la Constitución o los convenios internacionales sobre derechos fundamentales (presunción de inocencia, igualdad, tutela judicial…), y valorasen las denuncias en esta materia como una verdad absolutamente incuestionable, conforme a los dictados tan progresistas de la conveniencia política, en ocasiones miope y distorsionada. Lo importante es que aumenten las estadísticas de sentencias condenatorias por "violencia de género" (hay muchas subvenciones alrededor) y para ello nada más lógico que el denunciado sea siempre condenado. Luego ya vendrá la farsa del juicio y las consideraciones sobre "permeabilidad social", "compromiso", "sintonía con la ciudadanía", todas ellas ajustadas a eufemismos que servirán de ropaje turbio para ocultar la injusticia de una condena sin prueba de cargo suficiente.
No puedo evitar que la inquietante propuesta del delegado del gobierno para la "violencia de género" me recuerde a la malhumorada Reina de Corazones decretando condenas de pena capital ("córtenle la cabeza", decía con una rabia incontrolable) y, por supuesto, sin juicio previo: "Primero la condena, luego el juicio".

FUENTE: Alfredo de Diego Díez, quien es secretario de la Gestora Territorial andaluza de la asociación Foro Judicial Independiente. Artículo publicado en el Mundo, Andalucía, Tribuna Libre, el miércoles 18 de agosto de 2010

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