LA LEY ES LA MAYOR MONSTRUOSIDAD JURIDICA DE TODOS LOS TIEMPOS. HA CAUSADO MÁS DAÑO A LA POBLACIÓN MÁSCULINA QUE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN EL PAIS VASCO O LA LEY DE REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO FRANQUISTA
El asunto es más grave que las siete Plagas de Egipto o las injustas persecuciones de los talibanes en contra de las mujeres que no usen el burka y puede afirmarse sin temor a error que en ningún momento de la historia de España hubo político alguno que causara más daño a más hombres en menor espacio de tiempo. Además, sin pagar las consecuencias de la incultura y la osadía de Rodríguez Zapatero.
Desde su entrada en vigor el 29 de junio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, es decir, en un periodo de apenas cuatro años y medio, se han registrado en España un total de 823.580 procedimientos penales en los Juzgados de Violencia de Género, todos ellos seguidos contra hombres por denuncias de sus mujeres o vecinos, en gran parte falsas.
Desde su entrada en vigor el 29 de junio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, es decir, en un periodo de apenas cuatro años y medio, se han registrado en España un total de 823.580 procedimientos penales en los Juzgados de Violencia de Género, todos ellos seguidos contra hombres por denuncias de sus mujeres o vecinos, en gran parte falsas.
Tomando como base los datos del Instituto Nacional de Estadística que establecen que el promedio de la población masculina española de edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, en esos cuatro años y medio fue de 14.037.483 de individuos, ello supone que el 5.87 por ciento de los varones (es decir, casi seis de cada cien hombres) han sido detenidos por la policía y conducidos esposados ante uno de los más de 600 juzgados (entre 1 y 8 por partido judicial) encargados de enjuiciar los presuntos delitos de malos tratos (físicos o psicológicos) en contra de la mujer.
De esta manera, puede establecerse sin ningún género de dudas que la llamada Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es la más dura, arbitraria, homófoba e inconstitucional de todo el Derecho positivo existente en todos los tiempos en España, al establecer indiscriminadamente y sin ninguna base científica delitos específicos contra los hombres por el simple hecho de haber nacido varón y presumírsele una violencia ancestral superior a la de las mujeres.
LOS TRIBUNALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DONDE SE PRESUPONE QUE EL HOMBRE ES CULPABLE, NOS LLEVAN A LA ETAPA MÁS NEGRA DE LA INQUISICIÓN
Por otra parte, conviene señalar asimismo, que una ley de similares características, que el Gobierno talibán de José Luis Rodríguez Zapatero y sus compinches ha tratado de «exportar» al mundo como la panacea universal para acabar con los malos tratos en el ámbito familiar, tampoco tiene precedentes en ningún otro país de la Unión Europea, Japón, Canadá o Estados Unidos.
Puede decirse que es incluso más agresiva que cualquier texto legal de las dos últimas dictaduras militares, la de Miguel Primo de Rivera o la de Francisco Franco, salvado claro está el periodo de los juicios sumarísimos. Consultando estadísticas de los tiempos de la dictadura de Francisco Franco, se puede establecer que la Ley de Violencia de Género es 17 veces más agresiva que la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, de 1 de marzo de 1940 y que sus tribunales especiales (por el número de personas afectadas) a pesar de que hubo gente condenada a 30 años de reclusión mayor por sus ideas y desposeídos, igualmente, de sus bienes. Es, asimismo, 14 veces más violenta (por el número de detenidos) que los estados de excepción promulgados en el País Vasco a raíz del asesinato de Melitón Manzanas (1968) o del Consejo de Guerra de Burgos donde la Guardia Civil y la Policía realizaban razzias de centenares de personas a los que mantenían encarcelados e incomunicados.
Una acción policial y judicial tan indiscriminada contra la que permite esta norma tampoco tiene precedentes en el ordenamiento jurídico español. Cuando escribí mi libro El Varón Castrado, a finales de 2006, el tremendo abuso efectuado por esta Ley, había llevado a los calabozos de la policía y a los juzgados de Violencia a 461.000 personas, según reconoció uno de los miembros del Observatorio de Violencia de Género a la juez María Sanahuja y al autor en un seminario en la Universidad de Verano de El Escorial. Tres años después, las víctimas de esa Ley sobrepasan, como hemos dicho, los 823.000 hombres.
Se puede determinar, por lo tanto, que no hay barrio, villorrio, aldea, pueblo o ciudad española donde el buldózer al servicio del feminismo más recalcitrante no haya destrozado familias enteras sin dar oportunidad alguna a la mediación familiar o a la reconciliación de la pareja; no haya destrozado a decenas, centenares o miles de hombres, desposeyéndole se su patrimonio, condenándole a penas de cárcel e imponiéndole una segunda condena accesoria de destierro, hecho de nuevo sin precedentes en la legislación española, donde las penas «infamantes» habían sido eliminadas a partir del siglo XIX, aunque el franquismo las reinstaurara ocasionalmente (los políticos españoles que participaron en un acto organizado por el Movimiento Europeo en 1962, bautizado como el Contubernio de Munich fueron desterrados a Fuerteventura, Jaén y Extremadura).
El Estado de excepción que impone esta Ley en todos los órdenes se completa con la implantación en España de los Juzgados de Violencia (entre 1 y 8 por partido judicial, es decir, más de 700 en toda España), oficinas judiciales que constituyen lo más parecido a los tribunales de la Inquisición. No sólo tienen la facultad de instruir y juzgar un asunto en cuestión de minutos, muchas veces sin otra prueba que la simple denuncia de la mujer, sino que poseen facultades que le permiten intervenir al mismo tiempo en materias penales y civiles y en muchos casos sus sentencias ─ cuando son impuestas a los hombres por los fiscales y bajo engaño se pone por escrito que fueron firmadas de conformidad entre las partes─ son inapelables en los órganos superiores.
Este estado policiaco, más propio de la dictadura soviética de la etapa de Stalin, de la Revolución Cultura China o del periodo de los jemeres rojos de Camboya, es bastante peor de lo que los lectores se imaginan. Así, sin que nadie le haya preguntado nada, sin entrar en la valoración de los hechos, algunas veces sin estar presente en la vista oral (se ha dado el caso de hombres que han sido condenados en los calabozos al haberse olvidado la juez de llamarlo a su presencia), sin entrar en detalles acerca de quién promovió el acto a enjuiciar (si lo inició la mujer, según numerosísimas sentencias de muchos juzgados de lo Penal de toda España, no hay delito de violencia de Género, toda vez que el causante de la violencia que se juzga no fue provocada por el supuesto instinto atávico del hombre decidido a dominar a su esposa a compañera sentimental, tal y como se establece en la Ley) y aplicando unas condenas predeterminadas por el legislador, que impide el juez graduarlas de acuerdo con los supuestos daños ocasionados a su supuesta víctima.
LOS ATASCOS DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA HAN PROPICIADO QUE MUCHAS MUJERES DENUNCIEN FALSAMENTE A SUS MARIDOS PARA OBTENER EL DIVORCIO EN 24 HORAS
La Ley, por otra parte, al divorciar a una mujer de su marido en una mañana, y otorgarle a ésta todos los derechos (vivienda, mitad de la sociedad conyugal, hijos, pensiones), ha generado decenas de miles de denuncias falsas por malos tratos que nunca han ocurrido. La causa principal se debe a que los procesos de separación y divorcio, que se tramitan en los Juzgados de Familia, suelen dilatarse varios meses (en algunos casos hasta tres años). Basta que la mujer alegue que ha habido violencia física o psicológica en el periodo de separación ─algo que por otra parte es habitual por parte de los dos miembros de la sociedad conyugal─ los juzgados de Violencia de Género constituyen la «puerta falsa», el «coladero tradicional» para poner fin para la vía de urgencia a 30, 40 o 50 años de matrimonio.
Lo más grave de esta terrible situación que persigue al hombre desde su mayoría de edad hasta su muerte, desde el 29 de junio de 2005 en que entró en vigor la Ley, es que no ha servido al único y exclusivo fin para el que fue implantada: las muertes de las mujeres a manos de sus parejas. Por el contrario, la situación de desamparo, el castigo injusto y desproporcionado que inflige, la pena anexa de destierro que conlleva, el alejamiento de sus hijos y el estigma que la Ley contra la Violencia de Género ejerce sobre muchos hombres, se ha vuelto en contra de sus autores. Como conté en mi libro El Varón Castrado y las estadísticas de los últimos años han venido a darme la razón, la violencia gratuita, ilegítima e indiscriminada ejercida por el Estado ─sin razones objetivas en la mayoría de los casos─ contra la mitad de la población por el hecho de haber nacido varón genera más violencia. Y la violencia de reacción, muchas veces, genera a su vez más odio, más sinrazón y más muerte.
A la vista de los resultados, en cualquier estado gobernado por personas sensatas y civilizadas, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género habría sido derogada hace años. Con un individuo torpe, inútil e incapaz como José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, plantearlo siquiera sería como pedir peras al olmo. Y no porque más de la mitad del PSOE no esté en contra de la Ley. Zapatero puede ser todo lo tonto que se quiera, pero no parece dispuesto a arrojar a la basura el voto del feminismo radical aunque ello suponga librar a la sociedad española de una de sus mayores y pesadas lacras sociales, de la peor monstruosidad jurídica de todos los tiempos.
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