Cómo adiestrar a un marido, según XLSemanal.
¿Qué hubiera pasado con el artículo y la revista en caso de que el artículo tratase sobre cómo adiestrar a una esposa?

¿Qué hubiera pasado con el artículo y la revista en caso de que el artículo tratase sobre cómo adiestrar a una esposa?

Desde aqui y en nombre de mi marido y mio quiero darle las gracias a todos los amigos y amigas de mi hijo. 
| Declaraciones del juez de familia, Francisco Serrano, quien exigió hoy que se haga un estudio de los hombres que se han suicidado en los últimos años y que han sido denunciados como consecuencia de… 00:04:35 Agregado el 13/10/2010 |
La Plataforma Ciudadana por la Igualdad reclama que se realice una investigación seria, y asegura que si esos datos se dan a conocer serían un escándalo internacional
a. estrella yáñez / sevilla
Día 12/10/2010 - 21.23h
nieves sanz Serrano preside la Plataforma Ciudadana por la Igualdad.
Tras denunciar reiteradamente que la Ley de Violencia de Género da lugar a aplicaciones perversas, el juez Francisco Serrano, presidente de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, reclamó ayer que se realice una investigación seria sobre los efectos de la normativa en los hombres que son objeto de denuncias falsas, pues aseguró que desde que se empezó a aplicar esta ley el número de suicidios de hombres se ha disparado.
Al hombre denunciado se le detiene, se le lleva al calabozo y queda estigmatizado
Serrano pidió «que se ponga cordura por el propio bien de las mujeres maltratadas» y mientras reconoce que éste es un problema contra el que la sociedad debe luchar con firmeza, advirtió que una aplicación literal de la Ley ha llevado a que sólo un 3% de las denuncias sobre maltrato sean verdaderas. A modo de ejemplo, Francisco Serrano aludió a «unos comentarios de la jefa de prensa de Moncloa diciendo que el presidente Rodríguez Zapatero discute mucho con su mujer por cuestiones relacionadas con sus hijas y sólo por eso se podría decir que Zapatero es un maltratador según la ley, puesto que más del 80% de los casos de denuncias por violencia de género tienen en su base discusiones por los hijos».
Broncas y no maltrato
Desde la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, el juez mantiene que hay que distinguir entre lo que son enfrentamientos verbales propios de cualquier relación humana como pueden ser los matrimonios o la vida en pareja y los casos reales de malos tratos «porque no siempre que una mujer se siente maltratada hay una situación real de maltrato, pero al hombre que es denunciado se le detiene, se le lleva al calabozo y queda estigmatizado socialmente, lo hacemos polvo, lo hemos matado para la vida civil».
El juez Serrano afirmó que se suicidan 4.000 hombres al año y, apoyándose en su experiencia, reclamó que se analicen las causas de estas muertes y su posible relación con la aplicación de la Ley de Violencia de Género: «Es necesario que se habrá una investigación seria, porque los resultados pueden ser un escándalo a nivel internacional».
Agregó que en estos momentos «puede haber más de 2.000 hombres que pueden estar planeando poner fin a sus vidas por culpa del tratamiento injusto y asimétrico que impone esta normativa».
El presidente de la Plataforma Ciudadana explicó que «la incoherencia dogmática de la ley da lugar a flagrantes situaciones de discriminación entre las propias mujeres víctimas de agresiones, pues una mujer torturada y violada por un desconocido no es considerada mujer maltratada y no tendrá derecho ni a obtener la pensión o renta activa de inserción, ni a los demás derechos y beneficios reservados a ésta». En el extremo opuesto consideró «absurdo e incoherente contabilizar como víctima de violencia machista a una anciana con alzheimer, cuando su marido, también enfermo y ambos abandonados socialmente, sólo ha querido poner fin a la miserable existencia de ambos».
Serrano agregó que además la Ley de Violencia de Género está dando lugar a casos de malversación de fondos públicos en relación a la concesión de estas ayudas, porque hay casos en los que se mantienen pese al sobreseimiento del caso denunciado, «mientras que hay casos de otras víctimas de agresiones que no tienen derecho a nada». «Estos es un auténtico negocio», agregó. «No estamos consiguiendo dar una solución real al problema del maltrato», añadió el juez, quien dijo que cada vez hay más personas concienciadas con los problemas que él denuncia a través de la Plataforma.
No obstante, indicó que aún queda mucho camino por recorrer, puesto que sus intervenciones son frecuentemente boicoteadas y se siente víctima de censura, que incluso le impide hablar «porque hay una ley del silencio como he podido comprobar en Zaragoza o en Tenerife».
Pero el juez está dispuesto a seguir explicando los problemas de la aplicación de esta ley, sin dejar de condenar los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas «porque no podemos consentir que se carguen el proyecto de vida de las familias, que es lo que quieren».
18/08/2010
Las obras de Lewis Carroll están llenas de enseñanzas de vigencia intemporal. Así, Alicia en el País de las Maravillas no es un simple cuento infantil para ejercitar la fantasía de los niños. Se trata, en realidad, de un trabajo literario y filosófico para adultos, que contiene elementos jurídicos de gran calado. Ya al final de la historia, se relata un juicio absurdo por el delito, también absurdo, de pintar de rojo unas rosas. Tras leer la acusación, la Reina de Corazones pregunta a Alicia: "Y ahora que… ¿estás lista para oír la condena?", a lo que la niña responde: "¿Condena?, pero si todavía no me han juzgado"; la Reina, enrojecida de ira, le espeta: ¡La condena es primero! El juicio vendrá después.
Primero la condena y luego el juicio, no es algo exclusivo del mundo de Alicia. Es la solución que plantean algunos responsables políticos para acabar con la mal llamada (con notorio error semántico) "violencia de género". Ha sido a propósito de un desgraciado suceso: la muerte de una mujer, golpeada brutalmente con una azada por su compañero sentimental, en una vía pública de la localidad granadina de Pinos Puente. La clase política gobernante no ha dudado un solo segundo en poner en la picota al juez que, días antes, en un juicio por amenazas, absolvió al que más tarde acabaría con la vida de su ex pareja. El mensaje que, subliminal y subrepticiamente, se traslada a los ciudadanos es demoledor para el sistema a la par que falso: las mujeres mueren porque los jueces no las protegen, no las creen, no condenan al agresor.
La solución mágica para que esto no vuelva a suceder la ha dado el delegado del gobierno para la "violencia de género": nunca hay que dudar del testimonio de las mujeres que denuncian malos tratos. Es decir, se sugiere un modelo de proceso reaccionario, sin garantías, en el que estas denuncias, por más que puedan ser de dudosa credibilidad o ayunas de pruebas complementarias, den lugar automáticamente a la condena. Ya no sería necesario un engorroso juicio, con igualdad de armas, pruebas y debates. Todo varón denunciado por maltrato sería irremisiblemente condenado. Bastaría para ello que los jueces olvidasen por un momento algo tan rancio y desprestigiado como la Constitución o los convenios internacionales sobre derechos fundamentales (presunción de inocencia, igualdad, tutela judicial…), y valorasen las denuncias en esta materia como una verdad absolutamente incuestionable, conforme a los dictados tan progresistas de la conveniencia política, en ocasiones miope y distorsionada. Lo importante es que aumenten las estadísticas de sentencias condenatorias por "violencia de género" (hay muchas subvenciones alrededor) y para ello nada más lógico que el denunciado sea siempre condenado. Luego ya vendrá la farsa del juicio y las consideraciones sobre "permeabilidad social", "compromiso", "sintonía con la ciudadanía", todas ellas ajustadas a eufemismos que servirán de ropaje turbio para ocultar la injusticia de una condena sin prueba de cargo suficiente.
No puedo evitar que la inquietante propuesta del delegado del gobierno para la "violencia de género" me recuerde a la malhumorada Reina de Corazones decretando condenas de pena capital ("córtenle la cabeza", decía con una rabia incontrolable) y, por supuesto, sin juicio previo: "Primero la condena, luego el juicio".
FUENTE: Alfredo de Diego Díez, quien es secretario de la Gestora Territorial andaluza de la asociación Foro Judicial Independiente. Artículo publicado en el Mundo, Andalucía, Tribuna Libre, el miércoles 18 de agosto de 2010
Publicado en Libertad Digital, 30/09/2010.
El Manual de Inquisidores (Directorium Inquisitorum, escrito por el gerundense Fray Nicolás Eymeric allá por 1376), enseña hasta dónde podía llegar la crueldad al servicio de la intolerancia y de la negación del libre albedrío. Todos los herejes sin excepción, es decir, todos aquellos que negaban o ponían en cuestión las verdades de la fe divina, eran objeto de persecución, tormento y, en muchos casos, quemados públicamente en la hoguera.
Afortunadamente el Santo Oficio pasó a la historia, aunque no sus métodos que, debidamente actualizados, siguen vigentes en la cruzada contra los nuevos herejes; es decir, en la persecución de aquellos que reniegan o se desvían de la doctrina de fe, establecida con una definición de base inmutable, ‒como pensamiento único‒desde diferentes ámbitos del poder. Naturalmente, hoy no se ejecuta físicamente al hereje: se le aisla, se le vilipendia y se le acosa hasta su ejecución moral.
Es lo que está sucediendo con un magistrado sevillano por haberse atrevido a enfrentarse a una línea de pensamiento liberticida e intolerante. Me refiero a quienes, desde algunas parcelas de los poderes públicos y desde ciertos grupos de presión, defienden, como inquebrantable dogma de fe, la bondad y eficacia de la Ley de Violencia de Género en la lucha contra los maltratadores de mujeres (no parece importarles demasiado los maltratadores de otras personas). Ellos son los guardianes (o guardianas) de las verdades que “hay que creer”. Cualquiera que tenga la osadía de criticar la “única verdad verdadera” que ellos custodian ‒y de la que algunos incluso viven bien, gracias a generosas subvenciones‒, será perseguido como hereje y severamente castigado, tras el correspondiente tormento público.
Quienes no se ajustan a su ortodoxia han de ser quemados en la hoguera pública (entiéndase: moral y profesionalmente eliminados). Galileo Galilei, Miguel Servet, Giordano Bruno, Darwin, y un largo etcétera de librepensadores, fueron perseguidos por revelarse contra lo irracional e intolerante del pensamiento único. Esta vez le ha tocado a un valiente juez sevillano, que no tiene pelos en la lengua a la hora de poner en solfa los graves defectos de esa ley tabú y a quien no enmudecen ni amedrentan los ataques de ciertas asociaciones “de género” intransigentes.
La Inquisición representaba públicamente sus sentencias mediante la farsa de una “auto de fe”, vistiendo al condenado con sambenitos y corozas. El moderno auto de fe es el escarnio público del juez, a quien se le abre expediente a bombo y platillo, con alharacas y amplia difusión mediática, pese a que el Consejo General del Poder Judicial imprime un sello bien visible en el que declara el asunto “reservado”.
La última pena que dictaba la Inquisición era el traslado a la justicia secular para que fuese ésta quien se manchase las manos imponiendo la pena de muerte al hereje. Pero la Inquisición no dejada resquicio alguno al azar: Si los magistrados no dictaban sentencia del modo como los inquisidores demandaban, se convertían en herejes y eran excomulgados. El Manual de Inquisidores lo expresaba con absoluta claridad: «Los magistrados serán excomulgados y tratados como herejes si no dictan de inmediato la pena de muerte contra los culpables que les sean entregados» (Cap. XIII, “Del traslado de los condenados de la Inquisición a la Justicia Secular”). No había escapatoria posible, la sentencia estaba dada antes de que la justicia secular pudiera conocer el caso y emitir su criterio. La labor secular se reducía a poner a su verdugo a disposición del juicio inquisitorial.
Ahora que el Consejo General del Poder Judicial acaba de archivar un expediente abierto al juez Francisco Serrano, en el que ciertas asociaciones “de género” pedían su cabeza, ¿será tratado como hereje el propio órgano de gobierno de los jueces por esas mismas asociaciones? Qué pena que en pleno siglo XXI, haya quienes aún se atrevan a gritar sin ruborizarse: ¡Muerte al hereje!